El Estado argentino volverá a tener la mayoría y el control de YPF, privatizada en los ’90. La medida fue fundada en la “falta de inversión y caída de la producción”. YPF siempre ha sido una empresa clave, que acompañó cada vaivén económico de la historia del país. ¿Vamos en camino a la emancipación nacional?
Si el objetivo es tener un país con una industria fuerte, donde las ganancias queden en el país y que sobre todo lleguen a los trabajadores, el anuncio de la presidenta Cristina Fernández, sobre la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF y su inmediata intervención, va en ese camino, el de la emancipación nacional. Con una actitud firme, necesaria para tomar tal decisión, seguramente encontró y seguirá encontrando voces en contra, aquellas que defienden el neoliberalismo a raja tabla.
La decisión de la expropiación abre el camino hacia la recuperación de nuestros recursos energéticos, hacia la soberanía del país, no sólo en el aspecto de la producción, sino también en la vida cotidiana de las personas, para que el transporte del trabajador argentino no dependa del capricho de empresas cuyo capital se maneja en Europa.
Además de la decisión de la expropiación del 51 %, también se anunció la intervención de YPF, para lo que el Gobierno designó a Axel Kicillof y al Ministro De Vido como interventores. En el Gobierno español, a cargo de Mariano Rajoy, se calificó a la medida de “injusta y discriminatoria”, y según trascendió se conformó un comité de crisis para analizar las posibles “represalias” legales y comerciales contra la Argentina.
El proyecto
Hasta el momento, Repsol cuenta con el 57,43% de las acciones “Clase D” de YPF, mientras que el 25,46% permanecerá en manos del Grupo Petersen, conducido por la familia argentina Eskenazi, y el resto de los papeles continuará “flotando” en bolsa.
Mediante el proyecto de ley enviado al Parlamento, que ya ingresó al Senado, el Gobierno busca declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio” de Repsol, en un intento por “nacionalizar” la petrolera fundada en 1922, y privatizada por el ex presidente Carlos Menem en 1992, en un proceso en el que Repsol se quedó íntegramente con la empresa en 1999.
La iniciativa prevé, además, que el 51% de las acciones que pasará a tener el Estado argentino se repartirá en un “51%” para el Estado nacional y un 49% para las provincias petrolíferas.
Según el Gobierno, la política llevada adelante en los últimos años por Repsol-YPF “tuvo como consecuencia la multiplicación de las importaciones de combustibles ascendiendo (en 2011) a 9.397 millones de dólares”, debido a falta de inversiones en la empresa y una caída de la producción de parte de la compañía.
De esta forma, la embestida que inició en marzo pasado la Casa Rosada contra la petrolera, y que incluyó la caducidad de numerosas áreas de explotación de hidrocarburos decretada por varios gobiernos provinciales, llegó finalmente a su punto culminante.
La iniciativa oficial deberá ser tratada en primera instancia por el Senado, donde justamente el ex presidente Menem ocupa una banca y podría incluso votar en favor de la nacionalización de YPF, y apunta a declarar de “interés público nacional e interés público prioritario” el autoabastecimiento petrolero. El proyecto prevé, además, la creación de un Consejo Federal de Hidrocarburos con el Ejecutivo y todas las provincias para fijar la política del sector.
Algunas repercusiones
Grandes, fuertes y jugadas fueron las repercusiones del anuncio del Gobierno sobre la expropiación de YPF. Aquí, sólo algunas.
Por su parte, el presidente de la UCR, Mario Barletta, anticipó que su partido votará a favor de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. No obstante, advirtió que los legisladores radicales tienen “diferencias sustanciales con el contenido” del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo.
“Nos alegramos que después de 20 años hayan advertido el problema en el cual se sumergió la política energética argentina a partir de la privatización de YPF”, expresó Barletta a los medios, y recordó que la UCR se opuso a la privatización “y por lo tanto estamos de acuerdo con que YPF tenga mayoría accionaria del Estado”.
No obstante, enfatizó que “la brutal crisis energética” que padece el país, “no se va a resolver por el cambio de dueño de un grupo de acciones”. Precisó al respecto que “es imposible resolver la crisis si no hay una política energética, si no hay un plan de desarrollo energético, si no hay un estudio de las reservas que existen, si no hay un plan integral que contemple incluso las otras formas de generar energía”.
Por otro lado, el titular de la Federación de Entidades de Combustibles, el platense Luís Malchiodi, salió a respaldar la estatización del 51% de las acciones de YPF aunque pidió más atención al sector. Por su parte, el senador del FpV Gustavo Oliva, dijo que “Argentina recupera su petróleo”.
“Queremos una situación más justa para los expendedores que han sufrido todo tipo de atropello de parte de Repsol. En principio estamos de acuerdo porque antes hacían lo que se les daba las ganas con el expendedor”, dijo Malchiodi.
En tanto, el kirchnerista Gustavo Oliva, dijo: “Argentina recupera hoy su petróleo. Los hermanos de La Plata, Ensenada y Berisso antes sufrieron, y hoy debemos estar festejando”.
