En el marco de la medida anunciada por el Ejecutivo Nacional, en tratamiento en el Congreso de la Nación, sobre la reforma judicial llamada “democratización de la justicia”, el Colegio de Abogados de La Plata emitió un comunicado con su postura en el tema.
“No podemos dejar de manifestar nuestra honda preocupación ante el contexto en que se pretende plantear este debate, el que necesariamente debía involucrar a todos los sujetos que en algún modo nos encontramos vinculados al sistema judicial”, indica su primer párrafo. Luego aduce a que “el sistema democrático, necesita como uno de sus pilares fundamentales que exista un Poder Judicial independiente, para garantizar la igualdad de acceso y tratamiento para todos los ciudadanos”.
En ese sentido, señalaron que “los proyectos en cuestión en nada contribuyen en la búsqueda de una justicia más ágil y eficiente, sino que por el contrario, se constituyen en un explícito modo de extender en el tiempo la duración de los procesos, lo que siempre beneficia a quienes mayor poder tienen en nuestra sociedad”.
“Si a ello se suma –continúa el escrito- la existencia de un deliberado avance del poder político sobre los órganos jurisdiccionales, nuestros derechos como ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a ésta, se verán cada día más vulnerados”.
Los abogados nucleados en el Colegio platense consideraron que “es evidente que ninguna de estas iniciativas aborda la necesidad de instaurar las reformas que resultan imprescindibles, acordes a los tiempos que transcurren”, entre ellas “el expediente digital, el juicio por jurados, la justicia de menor cuantía, incorporación de los abogados a la defensa pública y tantas otras iniciativas, que podrían conducir a convertir a las herramientas procesales en un mecanismo útil”.
“Mientras los proyectos no apunten a evitar que las causas judiciales sigan demorando cada vez más tiempo; las resoluciones judiciales se dicten más tarde en el tiempo; las acciones arbitradas por los justiciables deban esperar años para una decisión definitiva, y en los casos previsionales, esas sentencias ni siquiera se cumplan, no se estará consolidando la democracia y la República, sino que se continuará convalidando la vulneración del acceso a la justicia como derecho humano”, indicaron los profesionales.
Por ello, advirtieron que “la elección popular de los Consejeros que deben representar a los jueces, académicos y abogados de la matrícula federal, resulta violatoria de la Constitución Nacional, en orden a la representación estamentaria que establece su artículo 114”. “Así como los diputados y senadores determinan cuáles de sus miembros serán sus representantes, los que no han sido elegidos por los ciudadanos de sus provincias, debemos ser por expreso mandato constitucional, los propios abogados quienes elijamos democráticamente a nuestros representantes”, explicaron.
Por ultimo, afirmaron que “es indudable que con el proyecto elevado a consideración del Congreso Nacional, lejos de garantizarse la independencia del Poder Judicial, se procura una directa vinculación de todos los consejeros con el poder político, afectando indudablemente esa independencia”.
