La Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos de la Provincia de Buenos Aires –FECLIBA- presidida por el Dr. Héctor Vazzano, expresó a través de un comunicado, su malestar y preocupación por la situación que atraviesa el sector ante la falta de una respuesta oficial.
“Las clínicas, sanatorios y hospitales privados se debaten en un medio político, social, económico y financiero que los conduce, pausada pero inexorablemente al cierre o a un funcionamiento acotado.
El Programa Médico Obligatorio contiene un menú prestacional, que no se corresponde con los recursos que les ingresan a las obras sociales obligadas a cumplirlo, las que se financian pagando aranceles no retributivos a los médicos y establecimientos.
Dificultosamente hemos alcanzado a cubrir el aumento salarial del personal, surgido de paritarias anteriores y ya estamos al borde de tener que responder sin recursos, a una nueva negociación, expuestos a una situación conflictiva que no tenemos cómo evitar.
El Estado no realiza el aporte del tesoro nacional, para cubrir las necesidades financieras del Seguro de Salud, como lo impone el inciso C) del Art. 21 de la ley vigente, 23.661.
Los establecimientos soportan una carga tributaria similar a las empresas rentables, de la que deberían estar exentos, por brindar servicios de asistencia social de interés público, como lo considera el artículo 33 de la ley citada. El derecho a la salud, sin clínicas, sanatorios y hospitales, se transforma en una utopía, más aun cuando al colapso del sector privado, se suma el manifiesto y notorio deterioro y la deficiencia prestacional de los establecimientos estatales.
La litigiosidad indebida por mala praxis agravada por el desmesurado otorgamiento del beneficio de litigar sin gasto, profundiza el desfinanciamiento del sector. La angustiosa situación descrita se agudiza inevitablemente para los establecimientos, que en el mejor de los casos, cobran los servicios a los noventa días de la prestación y sufren, como en el caso del PAMI, descuentos injustificados en el valor de las capitas.
El Estado Nacional y la Provincia deben tomar conciencia de la realidad enunciada y realizar el mayor esfuerzo para revertirla, permitiendo que los efectores sanitarios sigan funcionando, para que la población disfrute del derecho a la salud, correlato del derecho a la vida, que comprometen y garantizan las normas constitucionales y los tratados internacionales, cuyo cumplimiento se debe honrar”.
