lunes, abril 19, 2021
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Resurge la polémica por uso obligatorio del “Posnet”

El proyecto de obligatoriedad del uso de Posnet en todos los comercios del territorio bonaerense genera debate entre consumidores, comerciantes y el Gobierno. Lo cierto es que aun no está aprobado, ya que cuenta sólo con media sanción de la Cámara de Senadores.

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El autor del polémico proyecto, conocido como “Ley Posnet”, es el senador Gustavo Oliva, del Frente para la Victoria. El mismo propone que los medios de pago con tarjetas de crédito y débito sean obligatorios para los comerciantes de la provincia de Buenos Aires. Fue presentado por primera vez a finales de 2012 en la Legislatura Bonaerense, y el objetivo es establecer la obligatoriedad a todos los comercios de instalar terminales electrónicas de pago, para que los consumidores puedan pagar con tarjetas, si así lo desean.

Según se informó, el proyecto está dirigido a personas físicas o jurídicas, que presten bienes o servicios, aunque quedarían excluidos aquellos que tengan ingresos brutos inferiores a la categoría E del Monotributo, es decir aquellos que facturen hasta $144 mil anuales.

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En 2012, el proyecto de Oliva obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados para su tratamiento, pero allí espera. Por ello, hace unos días salió el Senador a pedir que sea tratado nuevamente. Allí revivió la polémica, ya que los comerciantes rechazan de absoluto al proyecto.

Entre otras cosas, el texto también propone que cada comercio elija la entidad bancaria y sucursal que desee para desarrollar la operatoria, e involucra al Poder Ejecutivo para que se controle el cumplimiento. La reglamentación establece un plazo de un año para que los comercios se adapten una vez aprobada la ley, y el incumplimiento se castiga con apercibimientos hasta clausuras, suspensiones y pérdidas de licencias y privilegios. Así y por estos planteos, el proyecto es rechazado por los empresarios. Por ejemplo, la Federación Económica de Buenos Aires –FEBA- ya se manifestó en contra, y sostuvo que afectará principalmente a las Pymes, porque grava un costo “demasiado oneroso” para los pequeños comercios.

En este marco, Ezequiel Lauría, secretario general de FEBA, dijo que la Provincia le entrega “un gran negocio a una empresa privada”, pues calculan que se van a instalar 500 mil terminales por $125 millones. En tanto, la Cámara Argentina de Comercio –CAC- se reunió con diputados bonaerenses para que consideren la iniciativa. “Puede resultar poco práctico y de dudosa aplicación”, aseguraron en un comunicado, donde apuntan también a que la legislación afectaría a las pequeñas y medianas empresas.

Como contrapartida a esta discusión, el senador Oliva argumentó: “Están abriendo un paraguas por las dudas”, y explicó que hay 1,4 millones de contribuyentes de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales el 52 % son monotributistas. “Con esta ley, sólo el 10 % de todos los monotributistas es alcanzado por el proyecto”. Y con una sola frase lanzó una fuerte crítica a los empresarios: “Acá se está ocultando que los sectores anotados como responsables inscriptos no quieren empezar a pagar IVA”.

En ese sentido, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires –ARBA- respalda el proyecto de Oliva. El director ejecutivo, Iván Budassi, destacó como principales ventajas la mayor seguridad que brindará a ciudadanos y comerciantes al reemplazar el dinero por el plástico, así como la posibilidad de que los consumidores elijan con qué medio de pago quieren abonar.

“El 80% de los restaurantes, balnearios y hoteles de la costa no aceptan tarjeta. Cabe preguntarse hasta qué punto los bonaerenses podemos ejercer nuestro derecho como consumidores”, aseguró. Los controles de facturación realizados en la costa durante el verano demostraron que los comercios que no aceptan pagos con tarjeta “facturan entre 300 % y 1000 % más” cuando los inspectores controlan de forma presencial.

El sistema

Hay cuatro empresas privadas en la Argentina que ofrecen terminales electrónicas de pago: Visa (LaPos), Mastercard (Posnet), American Express y Diners. Las dos primeras concentran la mayor parte de operaciones del mercado.

El servicio básico cuesta entre $144 y $217 más IVA por mes, a lo que se deben agregar los costos de mantenimiento de una cuenta bancaria elegida por el comerciante. La cifra así rondaría los $ 400, según el tipo de cuenta.

La terminal de captura –comúnmente llamada “maquinita” o “Posnet”– se entrega en comodato, y el servicio suele otorgar bonificaciones de hasta seis meses. Los bancos también utilizan promociones para atraer a los comerciantes.

Si el negocio aún no posee una línea fija, a ese monto se le debe sumar la tarifa telefónica. Por ese pago mensual, las empresas otorgan servicio de mantenimiento los siete días de la semana y se hacen cargo del costo de la carga del papel en la “maquinita”, entre otras cosas.

Este tipo de transacciones, para los comerciantes, tienen un impuesto del 1,5 % para tarjetas de débito y del 3 % para tarjetas de crédito que son asumidos por el comercio. Además, los pagos no se efectivizan de manera inmediata: con débito se acreditan en 48 horas hábiles, mientras los efectuados con tarjeta de crédito en 18 días hábiles.

Para comercios más chicos –como deliverys, artesanos y servicios a domicilio- se habilitó un nuevo tipo de tecnología para el que sólo se necesita un celular. Un pequeño dispositivo con lector de banda magnética se inserta en la entrada mini-jack del celular. Luego se descarga una aplicación en smartphones o tablets para poder efectuar el uso. Tiene un costo de entre $ 40 y  $ 50 por mes, aunque también se ofrecen bonificaciones con esta tecnología

La FELP rechaza el “Posnet” obligatorio

En nuestra región, la entidad que nuclea a todos los empresarios –FELP- salió al cruce de la obligatoriedad del uso de este sistema. Así, Alejandro Frangi, presidente de la Federacion Empresaria consideró que “es una barbaridad” la iniciativa que obliga a los comercios a contar con el sistema de posnet y repudió el alto costo que deberán afrontar los comerciantes para financiarlo.

El representante de los comerciantes de La Plata y la región dijo que “pareciera que la clase política lo único que hace es tomar medidas para perjudicar el comercio, me parece una barbaridad porque estarían creando casi una cuasi moneda, es la utilización virtual del dinero”.

“El costo que demanda la instalación del posnet más el porcentaje que descuentan las tarjetas, sumado a la línea telefónica que se tiene que instalar, es un nuevo costo para el comerciante. Si el problema es la evasión, se deben buscar mecanismos para combatirla pero no recaer sobre el pequeño y mediano comerciante”, consignó el empresario.

Frangi cuestionó además que “es una barbaridad que la Provincia termine diferenciada de otros estados del país, este es un tema nacional con lo cual debería ser nacional y no provincial, el dinero electrónico es del país y no la Provincia de Buenos Aires”.

¿Y los consumidores?

Ante todo y si bien aún no existe la obligatoriedad del uso del Posnet en los comercios, los consumidores y usuarios tienen el derecho de elegir con que medio quieren pagar.

En este marco, se observa la gran resistencia de los comerciantes a incluir estos mecanismos de pago –crédito y debito-. Sin embargo, lo que ellos no cuentan es la creciente bancarización en la economía argentina, el avance en la telefonía móvil y la presencia cada vez mayor del comercio virtual. Por ello, resulta casi imprescindible que los comercios garanticen la libre elección de forma de pago a sus clientes.

Respecto a este tema, un comunicado de la Asociación de Consumidores, indica que “en la actualidad aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, los autónomos, cuentapropistas, jubilados y pensionados y quienes reciben algún tipo de subsidio asistencial del Estado se encuentran bancarizados, esto es que cuentan efectivamente con una caja de ahorro”, y que “haciendo cualquier compra con su tarjeta de débito, el consumidor incluso percibe una devolución del 5 % del IVA, por lo que no aceptar este medio de pago implica privar al consumidor de un beneficio económico que no se aplica a las operaciones en efectivo”.

“Elegir el medio de pago es un derecho de los consumidores, por lo que es importante que como sociedad nos propongamos este debate y exijamos un pronto tratamiento de las distintas iniciativas de ley que ya existen en ambas cámaras del Congreso de la Nación”, sostiene el comunicado.

 

 

 

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