Por Francisco Gliemmo (*)
En un contexto de extrema precariedad laboral, con trabajo informal del orden del 35% o más, sin generación de un solo puesto de trabajo genuino y con pérdidas en sectores, como consecuencia de más de 4 años de estancamiento económico y de recesión, políticos y funcionarios debaten, consumiendo energías en una agotadora e inútil exposición mediática, la solución del sostenimiento de los puestos laborales.
Estamos ante la consecuencia de un proceso inflacionario de muchos años, con cifras insostenibles para cualquier proceso normal, que generó el circulo vicioso de un aumento constante de emisión monetaria para sostener un gasto estatal incontrolado y paralelamente generando más déficit fiscal y mayor grado de inflación.
Presuponen un proyecto de ley que prohíba por un determinado periodo los despidos, penalizando a quien los ejecute o proponiendo la exclusión de las PyMES u otorgarles algún paliativo impositivo.
También se suma un proyecto del oficialismo sobre empleo joven, con desgravaciones impositivas para los ingresos, muy sensato y para tener en cuenta, pero inaplicable en las actuales circunstancias.
Lo que resulta realmente sorprendente, por la experiencia que hemos transitado en nuestra no muy lejana historia de crisis, que se pueda continuar perdiendo tiempo valioso en este tipo de propuestas, sin analizar que la solución al actual cuadro de situación pasa por plantear medidas razonables y sostenibles que permitan, en este mundo globalizado que nos obliga a competir, recuperar la productividad y competitividad del sector productivo que es la única forma de sostener e incrementar los puestos de trabajo.
A pesar de ello, en este marco, todos suman argumentos con la necesidad de respaldar las fuentes de trabajo y particularmente el de las Pyme, pero no dilucidan y proponen, al margen de buenas intenciones o defensa enfática del sector con expresiones mediáticas, ni ideas ni medidas que permitan, en forma coherente y permanente, transformar a éstas en legislaciones específicas que respalden definitivamente su desarrollo.
Estamos plenamente convencidos que resulta imprescindible generar las condiciones estructurales, para que en lugar de que sufran presiones y condiciones de asfixia y exigencias incompatibles con su rol, le den un marco facilitador y de respaldo adecuado a su funcionamiento.
Las medidas que deberían ser de aplicación inmediata y que cambiarían radicalmente el estado de desenvolvimiento de todas las Pymes y que, prácticamente, no tienen ningún costo impositivo para el Estado, las detallamos a continuación:
-Eliminarlas de la responsabilidad, “como carga pública”, que le delegan los organismos de recaudación, nacional, AFIP, o provinciales, ARBA, etc., de ser agentes de recaudación, ya que esto les obliga a la incorporación de una estructura especifica y costosa (en personal, equipos, etc.), siendo esta una obligación exclusiva de los Estados, con el agravante de que lo retenido por estos conceptos, por sus ventas, lo debe depositar inexorablemente en plazos anticipados a su verdadera acreencia, lo que conlleva a la pérdida de capital de trabajo para las mismas y a sus conocidas consecuencias.
-Disponer la liquidación del pago de IVA para pagar por lo percibido y no por lo devengado, es decir pagar cuando se cobro lo que se realiza y no cuando se factura (existe la ley 25.453 que fue sancionada a nuestros reiterados reclamos, pero a la fecha nunca fue reglamentada). Esta diferencia es fundamental, ya que, al pagar cuando se cobra, no se resta flujo de caja o capital de trabajo, ni es necesario endeudarse o no cumplir con las obligaciones fiscales. Por otra parte, se hará más fluido el mecanismo de cobranza, debido a que, si no se pagan las facturas de compras no se podrá tomar el crédito fiscal de las mismas y para el Estado la disminución de la evasión será notoria. Italia, para salir de su crónica recesión, adopto esta metodología.
-Reinstaurar, por su singular incidencia, la factura conformada, que permitiría, su obligatoriedad, contar con una valiosa herramienta de financiación, ya que, su descuento en las entidades bancarias sería automática y facilitaría mantener el capital de trabajo y extender los plazos de comercialización.
-Permitir el ajuste por inflación de los balances para conocer la realidad concreta del estado económico-financiero de las Empresas y no enmascarar su real estado, sumando distorsiones con imposiciones de ganancias presuntas.
-Eximir del impuesto a las ganancias para todo proyecto de inversión que esté relacionado con innovación tecnológica, bienes de capital o utilización de mano de obra intensiva. Este tipo de inversiones indefectiblemente tienden a la mejora de la calidad o a la creación de trabajo.
-Flexibilizar las exigentes condiciones, que imponen las Entidades bancarias y financieras, para que sean Sujeto de crédito el mayor número posible de Pymes y puedan acceder, así, a créditos o tasas preferenciales. Simultáneamente replantear la imposición de los créditos y débitos bancarios y los elevadísimos costos que significa la bancarización. Forma concreta de evitar la informalidad.
Estamos convencidos que en el cuadro de situación actual, en el cual las expectativas están centradas en si las medidas macroeconómicas instrumentadas por el actual gobierno pueden dar resultado satisfactorio en el mediano plazo, pero que no tienen ninguna incidencia para el sostenimiento del trabajo actual, en lo inmediato y para no empeorar, aún más, la actual situación, resulta imperioso que los responsables políticos, funcionarios y legisladores, se aboquen prontamente a analizar estas propuestas, que son fruto de la experiencia y que en esta coyuntura, para nosotros, servirán para sostener el trabajo, por lo que, por sentido común y para el bien de todos, si no encuentran y plantean otras superadoras, definan su inmediata instrumentación.
(*) Ingeniero Francisco Gliemmo, presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata
