Dicen que el proyecto de Cambiemos “es una simplificación del tema”. Pero creen que podrían ponerse nuevos topes en algunas viviendas. “Los abusos son la excepción, no la regla”.
Los martilleros de la provincia de Buenos Aires no están para nada de acuerdo con el proyecto de ley presentado días pasado en la Legislatura bonaerense por la gente de Cambiemos, para que las personas que alquilen inmuebles en el territorio de la provincia de Buenos Aires no paguen comisiones u honorarios a las inmobiliarias al momento de firmar el contrato.
Tanto CIBA, como el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense, se oponen a la iniciativa. Manifestaron que distorsiona las reglas del mercado y al “poner el acento en los honorarios de los corredores inmobiliarios puede llevarnos al error de simplificar la situación y alejarnos de las soluciones de fondo”, señaló un dirigente del sector.
El proyecto de ley lleva la firma de Manuel Mosca, Carolina Píparo y Maricel Etchecoin Moro (Cambiemos) y en los fundamentos apuntan a resolver el déficit habitacional en la Provincia.
Según la letra del proyecto, apunta que en las locaciones de inmuebles no podrán cobrarse comisiones inmobiliarias u honorarios por la intermediación o corretaje. La prohibición se extiende a los honorarios por administración de dichas locaciones. Tampoco podrá requerirse a los inquilinos los costos de gestoría de informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibición.
La ley que autoriza el c obro de gastos a las inmobiliarias es la 10.973, de 1991, que establece en su artículo 54, que en los alquileres el importe de honorarios a pagar es el 2% del valor del contrato a cada parte, pudiendo una de ellas asumir el monto total.
La norma fue modifica en 2010 por la ley 14.085, pero esos cambios no afectaron el tema de los honorarios.
Según un informe en La Plata la mayoría de las inmobiliarias hacen buen uso de los alcances de la ley 10.973, aunque también se reconocen abusos en la aplicación de la misma por parte de los martilleros.
Los contratos para particulares, son por dos años. En casi todos los casos, el segundo año de alquiler tiene una suba de entre 25 y 30%. Pero varían los honorarios que cobran inmobiliarias. Y algunas condiciones para firmar el contrato, como el depósito que garantiza el pago de arreglos a la vivienda alquilada, y también la firma de un pagaré de montos exorbitantes.
Algunas inmobiliarias consultadas consideraron la firma del pagaré como “abusivo” y que quienes lo hacen pueden ser denunciados en el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires. Pero afirmaron que estos casos “son la excepción y no la regla”.
En general la mayoría de las inmobiliarias de la ciudad piden una garantía y 2 recibos de sueldo (no monotributo) al momento en que el inquilino firma el contrato.
Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria bonaerense (CIBA), Marcelo Babenco, en dialogo con un matutino local, el proyecto presentado por el diputado Manuel Mosca “que pretende incorporar a los profesionales Martilleros y corredores Públicos a la ley 13.133 (Consumidores y Usuarios) es claramente violatorio de la ley nacional 24.240 (Defensa del Consumidor) que excluye de su régimen los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y autoridad facultada por ello”.
Y agregó: “Con los cambios propuestos por los legisladores se castiga a una profesión que aglutina en la provincia a más de 9 mil martilleros, generando miles de puestos de trabajo en forma directa e indirecta”.
Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia señalaron, “la problemática de los alquileres merece un debate mucho más profundo en el camino de buscar propuestas superadoras que permitan a los inquilinos acercarse a la posibilidad concreta de acceder a ese derecho constitucional que es aspirar al techo propio”.
A su vez que afirmó “poner el acento en los honorarios de los corredores inmobiliarios puede llevarnos al error de simplificar la situación y alejarnos de las soluciones de fondo”.
Sin embargo, los corredores inmobiliarios aceptan que se hagan cambios en la legislación actual. “A título personal le puedo decir que se puede establecer un tope para los honorarios en el caso de las viviendas calificadas como únicas, familiares y de ocupación permanente que se puede establecer en Uvas y que puede llegar como máximo a 300 Uvas, equivalentes hoy a 7.250 pesos”, expresó Marcelo Babenco.
“Además -remarcó- establecer el valor Uva en lugar del valor dólar sería muy positivo para el mercado inmobiliario argentino, ya que es un valor más cercano al costo de vida y alejado de las turbulencias cambiarias”.
Lo cierto es que la crisis económica que se abate sobre la sociedad argentina, hace cada día más difícil alquilar una vivienda, para los inquilinos con los sueldos magros que reciben les resulta demasiado oneroso o imposible de afrontar ese gasto, mientras que los propietarios reciben una renta escasa, de la cual deben distraer sumas importantes para destinar a impuestos y gastos que genera la propiedad que se da en alquiler.
