Según se supo se viene el Plan Marshall Criollo, la iniciativa inédita, reúne a sindicatos tradicionales y movimientos sociales se unieron con el auspicio de la Iglesia para lanzar el Plan de Desarrollo Humano Integral, un “anteproyecto” que propone crear 4 millones de puestos de trabajo, “repoblar la Argentina” y conectarla con transporte multimodal y entregar tierras a las comunidades agrarias, entre otras medidas, uno de sus impulsores, es el dirigente social Juan Grabois, líder de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de quien se dice que opera bajo el paraguas del Papa.
Del proyecto participan Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quienes prponen la creación de “un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero y permita descontar de Ganancias un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista
La nueva e impensada alianza asegura que con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos , se crearían 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal.
Gerardo Martinez reconoció a los medios “Venimos trabajando con Grabois en una alianza estratégica porque tenemos un territorio que prácticamente es el mismo porque los trabajadores que represento entran y salen de la actividad, y los movimientos sociales buscan el tránsito de la informalidad a la formalidad y uno de los sectores apropiados es la construcción”.
Según un importante portal porteño el plan contempla una inversión inicial con un costo de $750.000 millones anuales y, según lo que proponen sus organizadores, “parte de la inversión se autofinanciará a través de programas ya existentes (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, cerca de 128 mil millones de pesos anuales)”. El resto se va a financiar “a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional”.
El presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Férnandez, ya estaban al tanto del anuncio, que se realizó en la sede del gremio de la construcción, y en la que participaron los sindicalistas Martínez (UOCRA), Moyano (Camioneros), Sasia (Unión Ferroviaria) y Laura Avalos (SMATA) y los dirigentes sociales Grabois, Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Esteban Castro (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán) y Cristina Romo (Movimiento Popular La Dignidad), y representantes de la iglesia, entre otros.
Esta integración entre sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales no tiene precedentes: hasta ahora, en realidad, existía desconfianza entre ambos sectores e incluso competencia por la representación de los trabajadores informales que pudieran tener un empleo formal.
La propuesta, continua el portal, denominada anteproyecto, fue presentada por sindicatos y movimientos sociales en un documento de 40 páginas incluye los siguientes puntos: “Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo; promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social; repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.
Los puntos salientes
- La idea base es la del Estado como garante del empleo. Una de las razones señaladas es que hoy en la Argentina el sector privado está dando empleo en blanco a sólo un tercio de su Población Económicamente Activa, situación que va a agravarse con la pandemia. El concepto es entonces, para la economía popular, crear puestos de trabajo mínimo garantizado, con el Estado como empleador, en ocupaciones socialmente valiosas que sean remuneradas con un salario social complementario. Para este momento, la propuesta es de un salario social de 10 mil pesos por trabajos con una carga mínima de 60 horas mensuales.
- Parte del programa consiste en generar empleo formal, mediante la realización de obra pública (Uocra), y desarrollo del transporte de cargas (Camioneros y la Unión Ferroviaria). El programa menciona que con cada puesto de trabajo en la construcción se crean tres empleos en la economía formal, porque se activan otras actividades como la siderurgia, madera, la industria química, mecánica y de productos de electricidad.
- La propuesta habla así de la creación de 4 millones de trabajos garantizados y 170 mil empleos registrados.
- Junto con el salario social, propone reconocer a los inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular otros derechos laborales como obra social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo, aportes jubilatorios y el derecho a sindicalizarse.
- El programa toma como modelo de referencia, para un marco de comprensión rápida, a los planes quinquenales de Perón. Rescata en este sentido la planificación de obras de manera centralizada, con metas y cronogramas. “En el primer plan quinquenal se construyeron 350 mil viviendas”, es una de las referencias dadas.
- Esa planificación es propuesta para una serie de objetivos que la pandemia volvió relevantes, como la necesidad de descomprimir las grandes ciudades, urbanizar las villas y asentamientos, proteger la producción de alimentos saludables y baratos, ir hacia la producción de energía con métodos no contaminantes.
- Para su financiamiento, plantea que una parte de la inversión ya está cubierta por programas existentes, como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentaria, que totalizan 128 mil millones pesos anuales (sobre un total a invertir de 750 mil millones). El programa sostiene que el 36 por ciento de ese monto tiene un reingreso o recupero fiscal. Para el resto propone una serie de reformas impositivas y “un esfuerzo fiscal adicional del Estado nacional”.
En los próximos días los movimientos organizarán charlas virtuales con militancias y dirigentes sociales, sindicales y políticos, con el objetivo de instalar en la agenda los diversos ejes de este plan. Habrá que esperar como evolucionan las condiciones políticas jaqueadas por la pandemia.
