jueves, diciembre 3, 2020
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Vacunas, compuestos y dos principios que siguen vigentes

¿Que hay detrás de las Sputnik, Pfizer, AstraZeneca, y otras?
Vacunas, compuestos y dos principios que siguen vigentes

Por José María TAU *

            El 6 de este mes se promulgó la Ley 27.573, cuyo texto cuestionábamos en un artículo recientemente publicado “Miedos por el virus y un proyecto que da miedo”

            Fue entonces en vano escribir? Políticamente, podrá alguno pensar que sí. Pero somos seres morales antes que políticos. Y la conciencia está por encima de cualquier norma. A eso aludía un autor como Hans Jonas en “El Principio de Responsabilidad-Ensayo de una ética para la civilización tecnológica”.

            Todos somos responsables y resulta pueril considerar que la superación de esta pandemia global, en que se juegan tantos y poderosísimos intereses, depende de determinado gobierno (éste, o el que sea)

            Lo que sí podemos esperar de nuestra administración sanitaria, es que respete el llamado “Principio de Precaución” a la hora de disponer de las vacunas adquiridas mediante el nuevo instrumento legal con que cuenta para lograr la “inmunidad contra el Covid 19”.

            En países como el nuestro, ajenos a la tradición anglonorteamericana -donde tiene mayor relevancia el consentimiento personal- en materia de profilaxis el Derecho fue limitando desde 1941, en que la ley 12.670 aprobó la primera vacunación (antidiftérica), el marco de decisión individual.

            Primero se declararon obligatorias por interés público determinadas vacunas (en 1948 fiebre amarilla, en 1959 antituberculosa y antipoliomielítica) e implementaron mecanismos de control (libretas sanitarias) con sanciones por incumplimiento.

            Las medidas coercitivas se fueron incrementando. Además de multas e inhabilitaciones para los profesionales, una norma de facto (Decreto-Ley 15.039/44, fiebre tifoidea), contempló por primera vez la vacunación forzada. En 1951 la Ley 14.022 (Profilaxis contra la fiebre amarilla) habilitó a la fuerza pública para eliminar “focos potenciales” de mosquitos (artículo 4°) y disponer autopsias de cadáveres de infectados (artículo 5°).

            Un gobierno de facto dispuso por primera vez la pena de “arresto” para el supuesto de impedirse la inmunización de personas a cargo, o la aplicación de programas extraordinarios de vacunación (antipoliomielítica en 1971 y antisarampionosa en 1972).      

            Otra norma de facto (Decreto-Ley 22.909/83), considerada la primera ley nacional de “vacunación Obligatoria”, reemplazó todas las anteriores y previó la vacunación “compulsiva” (artículo 18°).

            La vigente ley 27.491, promulgada en enero de 2019 (“Control de Enfermedades Prevenibles por vacunación”) creó un Registro Nacional de la Población Vacunada Digital (art. 16°), mantuvo la posibilidad de aplicación compulsiva (14°) y además de la obligatoriedad de las específicas del calendario nacional de vacunación que aprueba, dispuso para todos los habitantes “las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación” (art 7°), siendo su cumplimiento exigible para realizar los trámites detallados en su artículo 13°.

            Hay principios que jurídicamente no discutimos. Por ejemplo, que debe prevalecer por razones de salud pública el interés general sobre el individual. O el interés superior del niño por sobre el de sus padres. La Corte Nacional ya se expidió al respecto en 2012.

            La pregunta hoy sería si los nuevos tipos de vacunas deben subsumirse en ese esquema. Un expresidente de la Sociedad Argentina de Genética sugirió a los Senadores distinguir entre vacunas y “compuestos”, aludiendo al empleo de material viral para producir inmunidad (sea con vectores, o directamente el ARN viral).

            Ante estos mecanismos genéticos, cobra relevancia el principio bioético de precaución.  

            Cierto que no modificarán el ADN transmisible a la descendencia. Pero con el ARN viral como antígeno, el sistema inmunológico humano al mismo tiempo que detectar las células que esté generando una proteína exógena -no humana- atacando a esas células y destruyéndolas, pueden también generar alguna enfermedad de tipo autoinmune, a mediano o largo plazo.

            Ni hablar de otros posibles efectos adversos, señalados también por la genetista argentina Irene STETSON, entre los que menciona los relacionados con el uso de adenovirus como vectores, o la afinidad de la proteína S de la espícula de virus con el sitio ACE2- enzima convertidoras de angiotensina- y consiguiente posibilidad de adherirse a los tejidos que tienen esa enzima: las membranas celulares del miocardio y testículos.

            En Genética clínica el tiempo de observación ha jugado un papel fundamental. También en su desarrollo disciplinario.

            Aunque hoy se conoce en líneas generales el papel de cada gen y el mecanismo del ARN mensajero, es mucho lo que queda por saber acerca de la forma como actúan.

            Se avanza rápidamente, pero a medida que en el bosque de la ignorancia se expande el claro del conocimiento, la espesura que lo circunda se hace obviamente mayor. Así sirva la misma leña de combustible para la búsqueda del saber, o la ganancia económica.      

            Ya en aquel año el médico, genetista y bioeticista José María CANTU advertía con qué velocidad se duplicaba la información científica y que por ello la investigación privada había superado en Genética ampliamente la pública. Cuando aludimos hoy a la vacuna norteamericana, la rusa, la inglesa, no debe sorprendernos que los estados estén “financiando” con fondos públicos las investigaciones de entes privados.

            Por eso también consideramos poco prudentes y altamente riesgosos los condicionamientos que la ley recientemente promulgada establece para su análisis y aprobación por parte de los organismos oficiales.

            Aun tras su aprobación formal -en plazo excepcional- estimamos necesario se distinga, por principio de precaución, entre vacunas y compuestos, a la hora de evaluar su aplicación obligatoria tanto para los grupos de riesgo, los miembros del equipo de salud y fuerzas de seguridad o la población en general.                

* Abogado. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica