El pedido del municipio exigía la suspensión de todas las construcciones que se encuentran actualmente en progreso, ya que se la zona fue declarada como “preservación patrimonial”, según la normativa vigente.
Después de que el Frente de Todos denunciara a varias inmobiliaria por publicitar terrenos en una zona que se considera protegida por su importancia ambiental, el gobierno local denunció estas maniobras ante el Juzgado en los Civil y Comercial N°9 por “uso ilegal de tierras en el humedal del Arroyo El Pescado”. Hoy la justicia ordenó interrumpir toda obra que se estuviera llevando a cabo en el lugar de forma inmediata.
La jueza María Cecilia Valeros de Córica fue quién dio lugar a la medida cautelar que solicitó la Municipalidad y ordenó suspender todas las obras que se estaban llevando a cabo en los predios ubicados en las calles 18 a 20 entre 670 y 671. El fallo de Valeros ordenó “no innovar, suspendiéndose en forma inmediata la prosecución de todas las construcciones que se encuentran en ejecución en el humedal del Arroyo El Pescado, realizadas sin las autorizaciones y/o habilitaciones correspondientes.
La magistrada también exigió a la delegación municipal correspondiente a Parque Siccardi, “arbitre las medidas necesarias de custodia de la zona” con el objetivo de “asegurar el cumplimiento de lo dispuesto”. “No podemos dejar pasar por alto que el humedal del Arroyo El Pescado tiene una valoración patrimonial de suma importancia para esta Comuna, ya que obedece a cuestiones ambientales como así también recreativas y educativas de vital importancia para todos los vecinos de la ciudad”, es el principal argumento que la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad presentó en el texto el día 20 de enero.
Cabe recordar que el municipio había denunciado el pasado viernes la situación de loteos y construcciones irregulares en la zona y había exigido el accionar de la justicia. Voceros del gobierno local aseguraron que los infractores pudieron ser identificados a raíz de las denuncias vecinales y los controles que personal de la municipalidad llevó a cabo en los últimos días.
A raíz de todo ello fue posible que el Municipio presentara la denuncia contra quienes violaron las clausuras dispuestas por la Justicia de Faltas, por incurrir en un delito penal que puede tener una pena de hasta un año de prisión. En la presentación judicial, el texto aclara que “Si bien fueron anoticiados de su conducta irregular, siguieron los avances”, se explica en la presentación y se agrega: “De estas inspecciones se pudo confirmar obras ejecutadas en un 100% y habitadas sin los permisos correspondientes”.
