La Federación Empresaria de La Plata (FELP) elevó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un pedido para que durante la temporada estival 2026/2027 se mantenga el horario habitual de atención bancaria de 10 a 15 horas en La Plata, Berisso y Ensenada. La solicitud fue realizada en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria de Berisso.
El pedido también fue extendido al intendente de La Plata y a otros actores con incumbencia en la materia, a quienes solicitaron su gestión e intervención para acompañar el planteo y dar curso favorable a la continuidad del horario vigente.
Desde las entidades empresarias señalaron que la solicitud responde a las características particulares de la región y al impacto que tendría adelantar la atención bancaria a la franja de 8 a 13. Según explicaron, el horario actual permite compatibilizar las operaciones bancarias con las jornadas de comerciantes, empresarios, trabajadores y consumidores, evitando concentrar trámites durante las primeras horas del día.
Otro de los argumentos está relacionado con el transporte y la circulación. La FELP advirtió que un horario de 8 a 13 coincidiría con momentos de alta demanda en la red vial y el transporte público, al superponerse con los ingresos laborales, comerciales y educativos. Esta situación, señalaron, cobra especial relevancia durante el verano, cuando el sistema de transporte adapta sus frecuencias y la cantidad de unidades disponibles debido a la reducción de la actividad educativa y administrativa.
En el documento, la Federación también destacó la dimensión de La Plata, que cuenta con casi 800.000 habitantes y es la capital de la provincia de Buenos Aires y sede de la Administración Pública bonaerense. Por sus características demográficas, institucionales, comerciales y de servicios, consideró que la región requiere un tratamiento acorde a su realidad.
Finalmente, la FELP y la Cámara de Comercio e Industria de Berisso solicitaron que se mantenga el horario bancario de 10 a 15 en La Plata, Berisso y Ensenada. Las entidades sostuvieron que una modificación podría afectar el normal desarrollo de la actividad económica y la organización cotidiana de la región, y reafirmaron su disposición al diálogo con las autoridades para alcanzar una definición que contemple las necesidades de trabajadores bancarios, usuarios, empresas y la comunidad.
